Los Procesos Territoriales Constituyentes en Colombia

La Constitución Política de 1991, con el propósito de situar nuestras instituciones a la altura de los avances y tendencias constitucionales que en las democracias orbitales se habían venido consolidando, sustituyó el concepto de soberanía nacional, que traía la Carta de 1886, por el más activo y republicano de soberanía popular, según la cual el pueblo soberano otorga mandato y no representación a quien resulta electo. En efecto, el artículo 3º constitucional señala que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

Esto significó un gran adelanto normativo en el fortalecimiento institucional del país, pues trajo consigo un profundo replanteamiento constitucional de la democracia representativa, que así pasó a convertirse en participativa, con la consecuente consagración y reglamentación de unos mecanismos de participación ciudadana para el pueblo colombiano.

Sin embargo, en el camino por transformar ese reconocimiento formal en auténtica realidad, no han sido pocos los obstáculos políticos y culturales encontrados para poner al ciudadano colombiano en el centro del debate y de las decisiones públicas, sobre todo en el ámbito local y regional, es decir, de lo que se ha empezado a llamar microdemocracia. En aras de superar dichos obstáculos han surgido diversas iniciativas exitosas de desarrollo integral local y regional -y de búsqueda de la paz-, en el marco de lo que se ha denominado en el país procesos territoriales constituyentes.

La primera experiencia se inicia en el Municipio de Mogotes (Santander), un pueblo de aproximadamente 15.000 habitantes, 70% rurales, en marzo de 1998. La situación que dio origen al mismo fue la incursión en dicha localidad del Ejército de Liberación Nacional, ELN, el 11 de diciembre de 1997, que secuestró al alcalde para “enjuiciarlo” por corrupción administrativa, y asesinó a tres agentes de la Policía y dos funcionarias de la Alcaldía. La toma propició la solidaridad de los pueblos vecinos y, liderados por el Obispo de Socorro y San Gil, el 20 de diciembre de ese mismo año Mogotes recibió una caravana de peregrinos que manifestaron su solidaridad frente a lo que consideraron “un atropello contra la soberanía popular”. A partir de ese momento el pueblo se declaró en Asamblea Civil Permanente, lo que propició que tres meses después, el 6 de abril de 1998, se proclamara la Asamblea Municipal de Mogotes Pueblo Soberano.

De allí, hasta entonces, se han promovido en Colombia más de 60 procesos constituyentes, que van de veredales a municipales, departamentales y regionales, siendo la meta de los mismos, organizados con sentido nacional, la realización en el mediano o largo plazo de una Asamblea Nacional Constituyente que permita reajustar las instituciones políticas y profundizar la democracia. Entre estas experiencias vale la pena resaltar: Municipales: Mogotes (Santander), Tarso (Antioquia), Pensilvania (Caldas), Tarqui (Huila), Sandoná (Nariño), Agua de Dios (Cundinamarca), etc.; Departamentales: Nariño, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Cuandinamarca, Antioquia, etc.; y Regionales: Departamentos del Sur-Occidente colombiano.

Estos procesos “reivindican el valor del Constituyente Primario como depositario de la soberanía popular a la luz de los artículos segundo y tercero de la Constitución Política Nacional”, como lo dice la ponencia presentada por un grupo de delegados al Foro de Iniciativas de Paz, realizado en la Universidad Javeriana de Bogotá el 23 de mayo de 2005, en la que también se deja de presente que el origen de los procesos es diverso, como quiera que

“unos nacieron como propuestas de la sociedad civil al conflicto armado cuando produjo hechos atentatorios contra la paz y la tranquilidad y como medio para la aplicación de los DDHH y del DIH. Otros buscaron además, la reconstrucción de los municipios amenazados de desaparición como consecuencia de los malos gobiernos. Algunos se originaron en decisiones de política pública, de administraciones departamentales como alternativa al Plan Colombia y para promover el nivel de formación política de los ciudadanos, de tal manera que se garantice su participación decisiva, en la creación de políticas públicas que se concreten en la formulación y gestión de planes de desarrollo y presupuestos participativos. Varios procesos también se plantearon, desde su origen, el hacer ejercicio del poder constituyente para producir reformas, nacidas desde la base social, a la Constitución Política Nacional y también para la creación de nuevas instituciones”.

Así mismo, el documento hace una sinopsis de las acciones adelantadas durante estos ocho años de procesos, dentro de las cuales se destacan: participación en la defensa de la vida y las libertades amenazadas por el conflicto armado, reconstrucción de instituciones válidas para la comunidad; formación política; construcción de planes de desarrollo y planes de vida; creación de Mandatos Populares; gestación desde las bases populares de las políticas públicas en materia social, económica, política, ambiental y cultural, el ordenamiento territorial y la construcción social de región; oposición a las fumigaciones en la lucha antidrogas y presentación de propuestas alternativas; y orientación y participación en los Laboratorios de Paz. Pero, sobre todo, destaca que

“Todas las acciones de las Constituyentes se han desarrollado en el marco de la construcción de una nueva cultura política. Algunas reivindican la importancia de edificar, desde la ciudadanía, visiones prospectivas a largo plazo, como un método para construir nación desde la base social, apuntándonos a un concepto de desarrollo humano sostenible, la importancia de la solución política del conflicto armado, y la construcción social de las regiones”.

Finalmente, el balance en estos primeros años de funcionamiento de este nuevo modelo de gobernabilidad democrática podría sintetizarse así:

1. Obstáculos: Oposición e influencia inicial de la clase política tradicional; incomprensión ciudadana del modelo; falta de educación de la población; cultura inmediatista; en algunos procesos, amenazas y agresiones de los actores del conflicto armado interno; protagonismo individual de ciertos líderes, desdiciendo del carácter colectivista del esquema; falta de apoyo del Estado a la iniciativa; etc.
2. Errores: Mandatos entregados a personas que están fuera del proceso; manejo violento de los conflictos interiores; dar la imagen de un nuevo partido o movimiento cívico; funcionar sin un fortalecimiento previo de las bases sociales; etc.
3. Resultados: Vinculación de las mayorías poblacionales al proceso; elaboración del perfil del servidor público; aprehensión ciudadana de la Constitución Política; respeto al proceso por los actores del conflicto, en algunos casos; alta participación ciudadana en la elaboración del Plan de Desarrollo; adopción de presupuestos participativos; mejoramiento de los niveles de organización y participación de la sociedad civil, con mayor incidencia ciudadana en lo público; construcción de un nuevo escenario para resolver los problemas del desarrollo, en el que el poder y la capacidad de gestión son compartidos entre la Administración y la Sociedad Civil; organización socio-productiva alrededor del proceso; reconciliación social y paz política; aumento de la legitimidad y confianza en los gobernantes; disminución de la violencia; etc.
4. Desafíos: Construcción de una cultura mediatista: hay que comprender que el proceso es lento, pero progresivo; lograr el fortalecimiento continuo y permanente de las organizaciones sociales de base; mantener la neutralidad frente a los movimientos y partidos políticos; obtener el apoyo estatal del proceso.

En resumen: la definición y propósitos de una Asamblea Territorial Constituyente, como circunstancia de modo, lugar y tiempo en el que actores ciudadanos y públicos procesan un modelo de gobernabilidad democrática más eficiente y eficaz, pueden delinearse así:

“Es un espacio abierto para la deliberación, el ejercicio horizontal de la democracia directa, la soberanía popular y la construcción de la buena gobernabilidad en un Estado renovado para la Paz.

“Cada proceso local es la materialización de una transformación cultural ciudadana construida con y para la comunidad, con sus tiempos y tradiciones, que parte del individuo y se manifiesta colectivamente”.

Los propósitos que principalmente las motivan son:

1. Hacer efectivos el Preámbulo, los principios fundamentales y los derechos consagrados en la Constitución Política.
2. Lograr el empoderamiento ciudadano para propiciar cambios en las costumbres políticas, nuevos modelos de gobernabilidad y el mantenimiento de la autonomía ciudadana, mediante la articulación y coordinación con los gobiernos locales.
3. Fortalecer la inviolabilidad de la ciudadanía frente a los grupos armados en conflicto.
4. Propiciar a corto y mediano plazo la construcción de pactos sociales para el desarrollo humano integral autosostenible, en un proyecto de vida feliz y armonía, que avance hacia un horizonte de Reconciliación con verdad, justicia y reparación, en defensa de la vida y los derechos humanos.