Región y Modelo de Gobernabilidad Democrática

De manera complementaria a que el desarrollo regional se conciba como un complejo sistema de relaciones mutuas -y proactivas-, entre cuatro subprocesos (económico, social, cultural y político), valores y principios democráticos reconocidos por la teoría política y el constitucionalismo, y por lo tanto hoy irrefutables, como la autodeterminación territorial, la participación ciudadana, el pluralismo y el multiculturalismo -sumados a los ya clásicos postulados de libertad, igualdad y solidaridad-, indican que le corresponde a las mismas regiones pensar, decidir, planear, construir y poner en marcha su propio modelo de desarrollo integral. Y, sobre todo, crear su propia conciencia regional, sin la cual sería imposible asumir un compromiso pro-regional en pos del desarrollo, a partir de su articulación con otro actor importante e imprescindible del proceso: el Estado.

Y es que, como lo anota Boisier,

“...la articulación entre el Estado (como aparato público) y la región (en tanto actor social) resulta decisiva en los esfuerzos por promover un auténtico desarrollo regional. Sea cual fuere la cantidad de recursos que el Estado vuelque en una región, no conseguirá su desarrollo si ésta carece de una sociedad regional, compleja, con instituciones verdaderamente regionales, una clase política, una clase empresarial, organizaciones sociales de base, proyectos políticos propios, capaz de concertarse colectivamente. Es por ello que se produce una contradicción en los términos cuando se supone que el Estado puede por sí solo “desarrollar” una región”.

Por lo tanto, una condición política que se muestra sine qua non para generar espacios ciudadanos de discusión y decisión, en torno a la sociedad que tienen y quieren las regiones, es la democracia. Pero, ¿cuál democracia? ¿La fundada en el centralismo? ¿La formal del frío texto constitucional? ¿La de los “políticos”? ¿La sustentada en el clientelismo y la corrupción político-administrativa? ¿O una democracia reinventada a partir de la permanente deliberación y participación ciudadana? Con un análisis extra: para el caso colombiano, reinventar la democracia es tanto como fundarla.

Estas dificultades para madurar una adecuada democracia traen consigo otros problemas: falta de legitimidad, inestabilidad política, caudillismo, inequidad, exclusión, pobreza, apatía y desconfianza ciudadanas, para citar algunas de las más delicadas. Esta última situación (apatía y desconfianza), tiene íntima relación con lo que Aranguren considera uno de los grandes problemas de la democracia (que él plantea en términos de democracia representativa): la conversión del hombre en ciudadano.

“Para que exista realmente una democracia representativa no basta con que los ciudadanos nombren sus representantes. Han de hacerlo responsablemente. La democracia no es un simple asunto estadístico, el de que la mayor parte de los ciudadanos cumplan exteriormente los deberes políticos (o, dicho de otro modo, ejerzan externamente los derechos políticos) que les son impuestos (o reconocidos) por la Ley. Por ejemplo, en un país de irresponsabilidad política ciudadana o de caciquismo y compraventa de votos, no habría realmente democracia, aun cuando todos los ciudadanos votasen y, en general, realizasen los actos políticos que les incumben. Para que haya una verdadera democracia, lo hemos visto ya, tiene que producirse una auténtica conversión del hombre privado en hombre público. Cada ciudadano ha de anteponer el interés del Estado a su interés particular; más aún, debe vivir, obrar y pensar, ante todo, para la patria”.

Así las cosas, parece también irrefutable que superar esta situación supondría el fortalecimiento democrático de la gobernabilidad local y regional. O lo que es lo mismo: entender el sistema político territorial como un cuerpo vivo y dotarlo de la capacidad necesaria para abordar la solución y/o manejo de los problemas sociales y económicos de la población, así como de un aparato administrativo cuyos agentes no sólo actúen con transparencia, eficiencia y eficacia, sino de la mano de una ciudadanía activa y comprometida con su destino, para generar el ambiente de estabilidad y legitimidad políticas requerido para suscitar el desarrollo integral de las comunidades.

Este fortalecimiento de la gobernabilidad democrática implica, como lo afirma Prats, “la generación de acuerdos y consensos que permitan construir la referida masa crítica. Ello supone, a su vez, la práctica del diálogo en todos sus frentes: entre actores políticos formales, formadores de opinión y medios de comunicación, interlocutores y organizaciones sociales”. Dicho de otra forma, la calidad y cantidad de la gobernabilidad democrática dependerán de la calidad y cantidad de los protagonistas del DEBATE PÚBLICO, lo que ha venido convirtiéndose en la principal preocupación de aquellas comunidades ansiosas y deseosas de un verdadero cambio positivo en sus condiciones de vida social. Huelga concluir que la calidad y cantidad de la democracia que tenemos no parecen ser las mejores. Se trata, por lo visto, de un problema común a los países subdesarrollados, en donde, por fortuna, han surgido o resurgido algunas nuevas formas de entender y asumir la democracia, para darle contenido y sentido, y conectarla con el desarrollo integral de la población.

Pero, ¿qué entender por una democracia con contenido y sentido? Más allá de la democracia entendida como una forma de gobierno basada en la regla de la mayoría, Sartori parece sugerir una buena respuesta a tal pregunta:

“Decimos democracia para aludir, a grandes rasgos, a una sociedad libre, no oprimida por un poder político discrecional e incontrolable ni dominada por una oligarquía cerrada y restringida, en la cual los gobernantes “respondan” a los gobernados. Hay democracia cuando existe una sociedad abierta en la que la relación entre gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual el gobierno existe para el pueblo, y no viceversa”.

Como puede notarse, el postulado clave para desarrollar un modelo eficiente y suficiente de gobernabilidad democrática es el de la responsabilidad, concebida en una doble vía: el de una ciudadanía que actúa “responsablemente” consigo misma, como lo pide Aranguren; y el de unos gobernantes que no sólo rindan cuentas, sino que “respondan” frente a los gobernados, como lo exige Sartori. Y en medio de ambos, y a manera de vasos comunicantes, unos partidos y movimientos políticos que, inspirados éticamente en los movimientos y organizaciones de la Sociedad Civil, actúen sobre sólidas bases ideológicas y programáticas, rindan cuentas y, por supuesto, también le “respondan” a la ciudadanía. Y, como dispositivo articulador de estos actores políticos “responsables”, un modelo de gobernabilidad democrática que, entendido como un cuerpo vivo, pueda así mismo “responder” a la demanda de desarrollo humano integral de las sociedades tercermundistas de hoy.

Así las cosas, varios han sido los modelos democráticos alternativos -y exitosos- que buscan darle un aire de responsabilidad al debate público, la democracia y el desarrollo integral, especialmente en los países en vías de desarrollo. Entre ellos que cabe mencionar:

1. El presupuesto participativo de Porto Alegre, una fórmula de participación ciudadana en la gestión del desarrollo local, puesta en marcha en esta ciudad (capital del Estado de Río Grande do Sul, Brasil), por el Partido de los Trabajadores, PT, en el que la Alcaldía concierta con las comunidades la planeación y ejecución de obras de desarrollo, entregándole a la gente la capacidad real de decidir y fiscalizar el gasto público social.
2. Los panchayats de la India, o asambleas populares participativas de planificación de abajo a arriba y autogobierno local, de origen consuetudinario -pero reconocidas constitucionalmente en 1992-, que coexisten con las instituciones y corporaciones públicas de raigambre occidental entronizadas por los ingleses;
3. Las asambleas y/o procesos constituyentes, ya sean locales, departamentales y/o regionales, que nacen en Colombia en 1998 a partir de la experiencia de Mogotes (Santander). Por ser un “producto” hecho a la medida de nuestra compleja realidad, a continuación se presentará para su discusión este modelo de gobernabilidad participativa, como una propuesta valedera para la región de los Montes de María, no sin antes recurrir a una frase provocadora de Sartori: “Quien discute de democracia acaba por discutir de soberanía popular, igualdad y autogobierno”.